El texto hay que inscribirlo dentro de una época en que los Carnavales eran sucesivamente prohibidos por leyes y consentidos por la práctica, hasta tal punto que entre 1721 y 1773 hay cerca de cuarenta leyes prohibiendo la celebración de los Carnavales, juntamente con períodos en los que se relajaba la norma. Por ello, se habla de la celebración de estas mascaradas en casas y no en la calle pública. Vemos por el texto que toda persona pudiente celebraba en sus casas bailes de máscaras y en las que era bienvenido todo el que quisiera entrar, con una subversión total de los papeles representados, excepto en el tema de la máscara, en el que los adinerados usaban caretas y los labradores lo primero que encontraban. Así mismo, el texto nos habla de una amplitud de la celebración del Carnaval en el tiempo, aunque los días fuertes son los habituales actualmente, desde el Domingo Gordo al Martes de Carnaval.

            El asunto debía preocupar tanto al Obispo de Zamora que al día siguiente, 31 de diciembre, dirige una carta al Conde de Aranda, D. Pedro Pablo Abarca de Bolea, reformista ilustrado y por esos años ejerciendo como Presidente del Consejo de Castilla, durante el reinado de Carlos III; por tanto, la persona más influyente del reino. Con gran habilidad política, el Obispo enfoca el asunto dentro de ese espíritu de la razón y del control, tan afecto a los ilustrados. Por ello, comienza su carta diciendo: “Las sabias ideas, con que el Gobierno procura el debido orden, aun en las diversiones del Pueblo, me hace creer no quiere las que sean sin método y con desorden, y en esta confianza participo a Vuestra Excelencia que en la ciudad de Toro …”, para proseguir con la relación fiel de los hechos que a él le han transmitido, pero siempre insertando esas cuñas racionalistas y del orden: “con el disfraz a su antojo”; “a bailar sin sujeción de Justicia”; “como que el número mayor del Pueblo son labradores y el disfraz de éstos indecente”. Todo ello para pedirle a Aranda que “se digne mandar a la Justicia de aquel Pueblo las prohíba, con severo bando al menor interín no estén ordenadas en un solo paraje bajo las reglas y método que la Corte da para las suyas”. En este caso, reconoce el prelado que en la Corte se celebraban los Carnavales (a pesar de que la Ley los prohibía), pero regulados ya era otra cosa.

            El Conde de Aranda no tarda en responderle al prelado de Zamora, el 4 de enero de 1769, en los términos requeridos: “doy orden con esta fecha al Alcalde mayor para que no las permita [las funciones de máscaras], y publique bando prohibiéndolas, tanto en este año como en los sucesivos”.

            No sabemos si hizo mucho efecto ese bando en los años inmediatos al de su promulgación, pero el Obispo de Zamora no cesó en buscar remedio espiritual a los excesos del Carnaval y creía haberlo hallado: “La eficacia del medio para contener los excesos de las Carnestolendas en la exposición del Santísimo Sacramento …”. Esto le llevó a solicitar y conseguir indulgencia plenaria para los que “contritos, confesados y comulgados” visitaren las iglesias en esos días y otros, “cuya indulgencia por edicto he mandado publicar en esta ciudad y la de Toro …”, dice en carta de 2 de febrero de 1773 dirigida al arcipreste de Villadepera.

            Hemos de esperar al año 1781 para ver que no se ha conseguido mucho ni con leyes ni con indulgencias a la hora de erradicar “los excesos” del Carnaval en Toro. Los protagonistas van a ser ahora el Corregidor de la ciudad, Josef Yuste, hombre enfermo y que va a morir al año siguiente, y el entonces obispo zamorano D. Manuel Ferrer y Figueredo. Es precisamente éste el que se dirige al regidor toresano el 20 de marzo de 1781 para echarle en cara que, a pesar del “celo, cuidado y vigilancia con que mandó [el Corregidor] que los vecinos de esa Ciudad cumplieran como es justo las Reales Órdenes de su Majestad prohibiendo enteramente las máscaras, han sido tantos, tan grandes y públicos los excesos, desórdenes y contravenencias que no se pueden oír sin escándalo, ni ocultar aun fuera de esa Ciudad […]”. Por ello, culpa de “negligencia, malicia o descuido a los ministros o personas a quien haya encargado la observancia de sus justas providencias y que le han debido dar cuenta de su transgresión […]”. Por ello, le pide que, como Corregidor, en lo sucesivo tome otras medidas más oportunas para abolir el uso de máscaras, porque, si él no puede, se encargará de recurrir al rey.

            El bueno del Corregidor, en carta de 26 de marzo de 1781, se excusa ante el obispo zamorano, alegando que, por su parte, ha cumplido lo que mandaba la legislación. Por una parte, publicando “con todas las solemnidades” un bando prohibiendo el uso de máscaras y advirtiendo las penas en que incurrirían los infractores; por otra, haciendo salir todas las noches hasta finalizado el Carnaval una “Ronda”, formada por su Teniente (dado que él estaba enfermo), un sobrino suyo, el Alguacil mayor con los demás del Juzgado, varios “Ochaveros” o alcaldes de barrio y el Escribano de mes, con orden de llevar a la cárcel a los que vieran con máscaras y no vieron ninguna hasta la una de la noche, en que terminaron la ronda.  Reconoce, no obstante, que en varias casas hubo bailes, incluso que lo invitaron a él (aunque no acudió por su enfermedad), pero que la diversión fue “en modo y sin escándalo”. Cae, sin embargo, en una contradicción cuando asegura que “los dueños de las casas no permitieron entrasen a sus respectivos bailes a los que fuesen de máscara, que fueron pocos sin quitarse la mascarilla”. Luego, sí hubo gente con máscaras. Reconoce también que por las calles hubo grupos tocando “guitarras y algún violín en tono festivo, pero no perjudicial, y sin llevar los rostros cubiertos con mascarilla”, pero le aconsejaron que no los prendiera, “porque siendo tantos podía resultar una conmoción popular, que diese que sentir”.  Luego, también había jolgorio popular por las calles, aunque él cree “que tienen mucho de exageración los abultados escándalos de que han dado cuenta a Vuestra Señoría”. No obstante, para evitarlos en lo sucesivo, recurrirá a solicitar de los superiores medidas más eficaces para extinguir las mascaradas en los Carnavales, para “que no sea Toro la Barcelona de Castilla, ya que las demás ciudades de ella, según tengo entendido, están libres de tan pecaminosa diversión”, es decir, que, popularmente, se consideraba Barcelona en aquellos años algo así como Gomorra y Sodoma juntas y había que impedir que Toro la emulara en Castilla.

            Le contesta el obispo D. Manuel Ferrer amablemente el día 29 de marzo de 1781, agradeciéndole todo lo que él había hecho para evitar esos escándalos, insiste en el poco celo de los encargados de la vigilancia y se preocupa por el estado de salud del Corregidor toresano. La última noticia que tenemos de éste es la contestación al obispo, en abril del mismo año, en la que se ratifica en la fidelidad de sus hombres y en su actuación, al tiempo que agradece el interés del prelado por su salud.